La investigación por el caso Odebrecht tiene tantos flancos abiertos que parecen distorsionarse entre sí. Por un lado informan los fiscales sobre los avances de la pesquisa y, por el otro, los congresistas de la comisión especial; mientras tanto, aparece un tercer vocero como la Procuraduría Anticorrupción revelando su pedido de ampliación de la indagación a más implicados.

Con tantas voces hablando al mismo tiempo pueden ocurrir dos cosas: se escucha como un coro unísono o como miembros de una barra brava. Tal como estamos, con cuestionamientos entre fiscales y congresistas, vamos por la segunda opción. Esto, sin duda, le resta la transparencia que necesitan este tipo de investigaciones a las gestiones gubernamentales de las últimas décadas.

Además, la imagen que transmiten los investigadores del caso Odebrecht ante la opinión pública es que hay un excesivo protagonismo, sumado a un mal canal de comunicación. Uno puede decir que más investigadores le hacen bien al proceso, pero sin un director de orquesta esto puede sonar distorsionado.

Creemos que el Ministerio Público es el canal correspondiente para llevar a cabo las indagaciones por el pago de coimas de Odebrecht a algunos funcionarios públicos de los últimos gobiernos nacional, regionales y locales. Son sus representantes quienes tienen la voz oficial sobre el debido procedimiento y el desarrollo de este caso.

Somos testigos de que las comisiones en el Congreso de la República, si bien comienzan con una buena voluntad política para esclarecer las cosas, muchas veces acaban como armas de presión para obtener algún rédito. Están en su derecho de ejercer su función fiscalizadora y de control político, pero bombardear al propio Ministerio Público termina por restarle crédito a su labor.

¿Por qué no establecer un mejor canal de comunicación para que los ciudadanos sientan que cada ente público camina en un mismo sentido? Nunca es tarde.

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