Opinión

LA CONSTITUCIÓN DE 1860 Y SU PROTECCIÓN AL JEFE DEL ESTADO

Columna: MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ MACKAY

13 de Noviembre del 2017 - 07:00 Miguel Ángel Rodríguez Mackay

Hoy, a 157 años de su dación, recordamos deliberadamente la promulgación de la histórica Constitución de 1860, la de mayor vigencia en el país, 60 años (1920) y solo suspendida por la efímera liberal de 1867 y el Estatuto Provisorio de 1879 a 1881. Lo hacemos a propósito de que la actual Carta Magna (1993) viene siendo objeto de forzadas interpretaciones de nuestros políticos, respetuosamente inadmisibles, tratándose de un texto eminentemente jurídico, principista y declarativo, que no está para entenderlo como nos dé la gana. La Constitución fue sancionada durante el segundo gobierno de Ramón Castilla (1858-1862) -el mejor presidente del siglo XIX-, quien puso coto a una etapa anterior llena de turbulencia política -ya había sacado del poder al asaltante del tesoro del Estado José Rufino Echenique (1851-1855)-, producida por los aires anticlericales del monarquista Manuel Ignacio de Vivanco, acérrimo conservador y rival de Castilla a morir que, queriéndolo ahogar, ensangrentó el Perú (1857-1858). Fue, entonces, una Constitución moderada, hecha a la medida de un país que requería oxigenación política. Concilió las demandas de conservadores y liberales y buscó descontaminarse de la carga ideológica que había prevalecido en las 6 constituciones anteriores. El cura Bartolomé Herrera, elegido presidente del Congreso, fue su máxima figura. Entre sus 138 artículos, ordenados en 19 títulos, ¡oh, sorpresa!, consagró como pétreo escudo protector de la institución presidencial, que el jefe del Estado no podía ser acusado durante su periodo presidencial, salvo en los casos de traición, atentar contra la forma de gobierno, disolver el Congreso, impedir su reunión o disolver sus funciones. Como verá, un enorme legado recogido en la actual Carta de 1993. No interpretemos lo que la Constitución no dice. Hacerlo es carecer de técnica hermenéutica. El Presidente de la República es el único ciudadano que personifica a la Nación, esa es la razón garantista de su protección que jurídicamente, guste o no, dura 5 años.

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