En anteriores columnas he expresado mi oposición a cambiar de Constitución y lo seguiré diciendo porque hacerlo será dispararnos a los pies frente a nuestro destino económico, principalmente. En el realismo político del que no claudicaré jamás y sin hipotecas, en relación con los anuncios de una convocatoria a una asamblea constituyente, advertiré a quienes ilusamente defienden de que no es posible, lo siguiente:

1° La Constitución Política es la única norma jurídica -de la pirámide de Hans Kelsen- que tiene por su naturaleza constitutiva un origen político y por eso es en esencia una norma jurídica que consagra principios político-jurídicos como ninguna otra del ordenamiento jurídico de un Estado.

2° Su aprobación y legitimación es una prerrogativa del pueblo que la expresa por referéndum. Es de tal impacto político que quienes la han redactado previamente -asambleístas o constituyentes- también son elegidos por el voto popular.

3° Con lo anterior, una asamblea constituyente jamás debe ser vista con ojos de legalidad, es decir, es un error creer que si no está prevista en la Constitución o aunque fuera rechazada por una mayoría en el Congreso, convocarla es antijurídica, inconstitucional o anticonstitucional.

4° Lo anterior es candidez política a la máxima potencia pues una Constitución normalmente no establece la manera en que es derogada, sino solamente reformada pues el sentido de sancionar una Carta Magna es para que perviva en el tiempo como la de EE.UU. (1788) que solo tiene enmiendas.

5° Por tanto, una asamblea constituyente, desde la ciencia política y desde la doctrina del derecho constitucional, es verdad que se da excepcionalmente -no es difícil hallar argumentos, créanme-, surgiendo por la fuerza de una NECESIDAD SOCIAL como en 1789, cuando Mirabeau, en el histórico Salón de Juego de la Pelota en Versalles, mandó decir al rey: “Dígale que estamos aquí por voluntad del pueblo y no saldremos hasta darle una Constitución a Francia y solo nos iremos por la fuerza de las bayonetas”.

6° Por eso, puede ser convocada cuando así lo exprese una mayoría, siendo un error creer que dependa de un acuerdo de los partidos políticos. El único camino para conservarla es juntar firmas como ha sido anunciado y que sean más que las que busquen cambiarla.

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