Mientras Pinochet fijó su política económica que incluso, a pesar del comportamiento despiadado que tuvo para con sus paisanos, tomó en muchos casos en cuenta componentes sociales, los alabarderos del neoliberalismo aplaudieron y luego pretendieron atribuir todo el éxito obtenido luego de la reinstitucionalización democrática a partir de Patricio Aylwin a las leyes que allí y entonces se dictaron. Vale decir, en la época del dictador supuestamente “virtuosísimo”, al que se le descubrieron millones de dólares en cuentas en bancos del extranjero.

Pero no han dicho una sola palabra con relación a lo que en ese Chile que no solo quiere desarrollo económico, del que no quiere alejarse y hace bien, sino que también quiere desarrollo institucional, lo que está incluso mejor, lo que equivale a decir instituciones democráticas que alejen los fantasmas dejados por esa dictadura también corrupta que no permite el curso definitivo de una democracia.

La presidenta Bachelet ya lanzó, con varios años de retraso, lo que en el Perú hemos pedido sin ambages desde el momento mismo en que Fujimori ordenó que se hiciera un documento y se lo denominara “constitución”, donde se dejó de lado cualquier idea de inclusión social, se amenguaron los derechos de las personas, se amplió los márgenes del poder y se encasilló el tema económico a un solo modelo.

Sin embargo, como en Chile los que hacen política sí se atreven, no como pasa acá que quienes están en el Ejecutivo, en los medios o en el Congreso le bajan la cabeza a esos poderosos, ya se puso en marcha el tema de la Constitución.

¿Por qué entonces nuestro Parlamento no se atreve a tratar el tema y a reformar ese embuste fujimorista? ¿Somos acaso menos que ellos?