La corona parlamentaria

Los casos de los congresistas Guillermo Martorell (FP), Benicio Ríos (APP) y Zacarías Lapa (FA), condenados a prisión por delitos cometidos antes de ingresar al Congreso, pero en la actualidad libres gracias a la inmunidad parlamentaria, ponen nuevamente sobre la mesa de debate ese “salvavidas” con que cuentan los llamados “padres de la patria”, que los convierte en intocables, a diferencia del resto de ciudadanos.

Cualquiera haya sido la intención de crear la “inmunidad parlamentaria”, lo cierto es que hoy solo sirve para salvar de la prisión inmediata a condenados por la justicia por delitos que nada tienen que ver con su desempeño político en el Congreso, sino por hechos sucedidos antes. Por ejemplo, en el caso del congresista Ríos, ha sido sentenciado a siete años de cárcel por el delito de colusión agravada tras la compra de terrenos sobrevalorados cuando se desempeñó como alcalde de Urubamba.

Y si a esa “impunidad parlamentaria” sumamos la desidia del Poder Judicial que, por ejemplo, en el caso del parlamentario Ríos, no pide con celeridad el levantamiento de la inmunidad para que se cumpla la sentencia en su contra, entonces tenemos en los congresistas a “ciudadanos VIP” gracias a nuestros votos, que supuestamente les fueron entregados para que trabajen por nosotros y no con el fin de que se corran de la justicia por sus oscuros pasados.

Por todo ello, es de esperarse que sea aprobado el proyecto de la congresista Patricia Donayre, que elimina la inmunidad parlamentaria y devuelve a los congresistas la condición de ciudadanos comunes y corrientes, como usted, estimado lector, o como yo. De otro lado, será interesante ver en el debate de esta propuesta quiénes están a favor de blindarse a sí mismos y quiénes son los que están dispuestos a ponerse al alcance inmediato de la justicia en caso cometan un delito.

Desde hace varias décadas el Congreso está en deuda con los peruanos y mal haría en mantener un absurdo blindaje que se da en momentos en que se denuncia la tremenda “otorongada” de los parlamentarios de evitar que el auditor de sus cuentas sea nombrado por la Contraloría y que actualmente lo designe la Mesa Directiva. El llamado primer poder del Estado está en la posibilidad de lavarse la cara al aprobar el proyecto de la congresista Donayre. ¿Lo hará?