Una reciente encuesta de Ipsos a nivel de todo el continente, aplicada a 403 líderes de opinión y periodistas destacados que difunden regularmente sus puntos de vista en los medios de comunicación de 14 países de América Latina, realizada del 27 de junio al 24 de julio de 2019, arrojó como resultados, entre otros, que en la región “con 31%, la corrupción casi duplica al segundo problema: el desempleo y falta de crecimiento económico (17%)”, mientras que “los sectores más afectados por esta son el sistema judicial (62%), el gobierno central (57%) y las municipalidades (42%)”. En cuanto al Perú, el mismo informe indica cifras más dramáticas aún: la corrupción (45%) prácticamente triplica al segundo y tercer problemas, a saber, la inestabilidad política y la debilidad institucional (17%) y la inseguridad, el crimen y el narcotráfico (16%).
Lo más interesante es que el mismo estudio indica que en el Perú, la percepción de los expertos señala que los tres sectores más afectados por la corrupción son el sistema judicial (73%), los gobiernos regionales (64%) y el gobierno central (49%). El cuarto en la lista son las municipalidades (48%). Recién en el quinto puesto aparece el Congreso, algo alejado de los punteros, con solo el 29%. En consecuencia, los organismos del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo –a los tres niveles de gobierno– son largamente señalados como los más contaminados por la corrupción, llevándole al Poder Legislativo una enorme distancia.
Interesante percepción, pero razonable, pues los legisladores no manejan presupuestos y la corrupción se vincula más a capacidad de comprar sentencias judiciales y de ejecutar obras públicas, que a sacar leyes. Curioso también. Porque los que pedían que se cerrase el Congreso, lo hicieron al grito de “¡Fuera los corruptos!”, al igual que quienes votaron como ovejitas en el referéndum de 2018, al son del “sí-sí-sí-no”, creyeron que así luchaban contra la corrupción. Pobre gente manipulada.
