Opinión

La Corte IDH ha reconocido la fuerza del derecho interno peruano

No nos cansaremos de repetir que el indulto a Fujimori no es un caso de la Corte y nunca pudo serlo

17 de Junio del 2018 - 08:09 Miguel Ángel Rodríguez Mackay

Muchos pregonaban a los cuatro vientos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) iba a emitir una sentencia decidiendo la nulidad del indulto otorgado al expresidente Alberto Fujimori y hasta llegaron a decir que dicho fallo tenía carácter vinculante. La Corte IDH no ha hecho ni dicho nada de eso. Todo lo contrario, y voy a explicarlo por partes: 1° Desterremos la idea de que la Corte iba a emitir una sentencia sobre el indulto a Fujimori, pues sus fallos son decisiones supranacionales sobre casos que se hayan seguido en la propia Corte y cuya característica principal es que siempre son VINCULANTES u obligatorias. No nos cansaremos de repetir que el indulto a Fujimori no es un caso de la Corte y nunca pudo serlo, porque los alcances y efectos jurídicos de esta institución del derecho penal solamente se dan en el derecho interno, es decir, fue impulsado y concedido como prerrogativa presidencial conforme la Constitución Política (Art. 118, inciso 21). 2° Distinta es la resolución de la CIDH -30.05.18.-, dada a conocer el último viernes, pues se trata de la “Supervisión de cumplimiento de sentencia…” del caso Barrios Altos y caso La Cantuta. La Corte no agota su objeto de administrar justicia con la sola emisión de la sentencia, eso es verdad, y por eso realiza supervisiones sobre su estado de cumplimiento, pero ese parecer de supervisión solamente puede realizarse sobre la condena a 25 años de pena privativa de la libertad por el mentado caso y no sobre el indulto que es exógeno a la Corte porque -repito- no es un caso del Tribunal. Mal y gravísimo hubiera sido, configurando una aberración jurídica, en pronunciarse sobre una decisión del propio derecho peruano. En mi columna “LA CORTE IDH NO PODRÁ ANULAR EL INDULTO A ALBERTO FUJIMORI”, del 14.01.18, lo había adelantado e incluso dije que “El Tribunal solo orientará al Estado peruano e informará a la Asamblea General de la OEA...”. 3° La Corte en su resolución reconoce que no puede penetrar en el pétreo derecho interno del Perú, pues en el numeral 4 de su parte resolutiva (página 36) expresamente acepta que es el Estado peruano el que debe resolver “… vía control constitucional...” sobre el “… indulto por razones humanitarias...” a Fujimori y se rinde al aceptar su incontrastable limitación imperativa al solamente disponer que el propio Estado y los representantes de las víctimas “… a más tardar el 29 de octubre de 2018… (presenten) información sobre los avances…” en el referido caso del indulto a Fujimori, confirmando categóricamente la ausencia de su carácter imperativo, siendo, en cambio, sumamente cauta para no colisionar, en general, con la soberanía de los Estados, y en particular, con la Constitución del Perú, que consagra que “… el indulto… producen los efectos de cosa juzgada” (Art. 139°, inciso 13), es decir, que nunca pueden ser revisados, apelados o cuestionados por ningún instancia interna y mucho menos internacional. La CIDH corría el riesgo de ser imputada políticamente por una interpretación forzada (ideologizada) vía una competencia y jurisdicción también forzadas que se hubiera traducido en la práctica en disponer el retorno de Fujimori a la cárcel, violando principios penales básicos y universales, lo que la hubiera deteriorado explosivamente en su majestad jurídica continental que desde su creación (1979) está llamada al orden y la estabilidad panamericanas, siempre pegada a la justicia. 4° La Corte, en la parte resolutiva del texto, expone las limitaciones de su alcance supranacional, pues literalmente refiere a la obligación peruana “… de investigar, juzgar, y de ser el caso, sancionar…” las violaciones a los derechos humanos determinadas en la sentencia por la que fue condenado Fujimori, pero no dice “sancionar “ sino -repito- “… de ser el caso, sancionar…”, que es distinto. En otras palabras, la Corte lanza la pelota desde la tribuna a la cancha, que es donde se juega el partido, que es el Estado peruano; pero algo más: no comete el desliz de obligar al Perú a que sancione a Fujimori, primero porque no puede al hallarse a extramuros de nuestra justicia, y segundo porque sabe que jamás una resolución que orienta o recomienda podría obligar a sancionar a Fujimori. 5° Tal como referí en mi calidad de Amicus Curiae que la Corte cita en el numeral 15 de su resolución: “xiii) por Miguel Ángel Rodríguez Mackay…”, la calidad de Fujimori como ciudadano libre no lo exonera de su condición criminal que se mantiene intacta pues el delito persiste. En ningún caso existe debate, ni siquiera jurídico, dentro o fuera del Perú, de que Fujimori sea inocente -sino, en cambio, de que se halle libre-, en la medida de que es incontrastable que fue condenado y, por tanto, responsable penalmente. Esa es toda la verdad jurídica acerca de la reciente resolución de la Corte IDH. Créanme.

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