Opinión

LA CORTE IDH NO PODRÁ ANULAR EL INDULTO A FUJIMORI

Columna del internacionalista Miguel Ángel Mackay

14 de Enero del 2018 - 10:09 Miguel Ángel Rodríguez Mackay

Las declaraciones del presidente de la Corte Suprema, Duberlí Rodríguez, sobre el indulto a Fujimori son desconcertantes. Afirma, lanzándose al abismo, que “lo que resuelva la Corte IDH es vinculante”, es decir, obligatorio. Su exabrupto desnuda una ciclópea ignorancia jurídica, o penosamente, la declaración política de quien por su investidura debería mantenerse al margen, privilegiando la ciencia del derecho. Lo voy a explicar. Los fallos de la CIDH son vinculantes para todos los casos que han llegado hasta esa instancia, nunca para actos jurídicos propios de la soberanía del Estado, como es el caso del indulto, que es una prerrogativa presidencial excepcional e inoponible por su imperio constitucional de cosa juzgada que nace y termina dentro del propio Estado, es decir, de pétreo derecho interno. Por esa razón, ninguna instancia supranacional en el mundo -Tribunal Europeo de DD.HH., Corte Africana de DD.HH. y de los Pueblos, Corte Árabe de DD.HH., etc.- ha osado anularlo. En nuestro continente, la Corte Interamericana de DD.HH., desde que entró en funciones en 1979, tampoco. El Tribunal, en la mentada audiencia de supervisión de cumplimiento del 2 de febrero, no deliberará ni sentenciará nada; además, el indulto a Fujimori no es un caso de la Corte y nunca podrá serlo. El Tribunal solo apreciará el estado de cumplimiento de la sentencia a 25 años por homicidio calificado y no podrá inmiscuirse en el indulto que es exógeno al fallo y del que solo tomará nota. Solo orientará al Estado peruano e informará a la Asamblea General de la OEA, así como escuchará a la Comisión IDH que observa y actúa como órgano consultivo de la OEA. No olvidemos que los DD.HH. lo cuentan las víctimas y el reo; es decir, tienen carácter erga omnes, para todos y por igual. El indultado, por acto humanitario, con más razón. Aunque Fujimori mantiene intacta su condición criminal, pues el delito persiste, siendo ahora libre -nos guste o no- no puede ser despojado de esa gracia -no es monárquica ni absolutista, sino garantía de un Estado constitucional del derecho-, pues serían violados principios penales básicos y universales.

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