Una nueva tormenta política sacude al país, y esta vez no llega sola. A la ya frágil situación derivada de las cuestionadas elecciones se suma la renuncia de dos ministros tras la negativa del presidente José María Balcázar de concretar la adquisición de aviones militares estadounidenses. Lo que podría haber sido una decisión de política pública se ha convertido en otro foco de inestabilidad, abriendo un frente de conflicto que el Gobierno difícilmente podrá contener en el corto plazo. En el Perú, la crisis ya no es la excepción: es la regla.

Las consecuencias no tardaron en escalar. Desde el Congreso ya se escuchan voces que plantean medidas drásticas, incluyendo la posibilidad de censura al jefe de Estado. A ello se suma la grave acusación del excanciller Hugo de Zela, quien ha señalado que el mandatario faltó a la verdad al asegurar que no existían compromisos firmados. Si esto se confirma, no estaríamos solo ante un error político, sino frente a un problema de credibilidad que erosiona aún más la legitimidad del Ejecutivo.

Pero el impacto no se limita al ámbito interno. La sola intención de un jefe de Estado de incumplir o revisar acuerdos internacionales envía una señal peligrosa al exterior. La seguridad jurídica —ese pilar básico para cualquier relación con socios estratégicos— queda en entredicho. Un país que no honra sus compromisos pierde no solo confianza, sino también oportunidades. En un contexto global donde la estabilidad es un activo cada vez más escaso, el Perú parece decidido a dilapidarlo.