Es muy común escuchar historias como esta: “a mi hijo le ha tocado cobrar un bono familiar, pero él estudia en una universidad particular y ni tiene familia que mantener”. Resulta curioso que, definitivamente, no se tema por lo que pase después, cuando hagan una auditoría a la repartición de ese subsidio. ¿Por qué lo harán no?
La intención de entregar bonos a familias de escasos recursos económicos es un salvavidas en medio de la pandemia. Sin embargo, ha habido una repartición con ciertas falencias que terminaron por favorecer, de taquito, a quienes no tenían urgencias económicas, en su mayoría jóvenes universitarios.
Lo que también llama la atención es que no haya habido una advertencia férrea, por parte del Estado, con respecto a la devolución de los bonos en caso de no merecerlos. Hubiesen dictado una medida disuasiva para que aquellas personas que no estaban en el rango de vulnerabilidad devuelvan este dinero. No se hizo. Está bien que a nadie le sobra el dinero como para rechazarlo, pero ha habido gente que no logró obtener este subsidio por falta de recursos. ¿Qué entidad se hará responsable de estos errores que originaron un derroche de presupuesto? ¿Está en el cálculo que hubiera una posible fuga de presupuesto hacia quienes no lo necesitaban?
Y no me pondré a escribir sobre la honestidad de los peruanos para devolver un dinero que, al ser de todos, parece no tener dueño, como el billete que se banderea en una vereda ajena. Si alguien recibió y lo entregó a algún afectado por la crisis económica, no deja de tener cierta responsabilidad.
El bono terminó siendo una danza, un juego a la ruleta, el mismo que no tuvo una precisión. ¿Sabremos algún día cuántos peruanos recibieron bonos sin necesitarlos? Solo espero que haya una revisión de dicho gasto, así como hubo una fiscalización a la entrega de canastas de víveres por parte de las municipalidades. ¿Es mucho pedir?
