La Defensoría del Pueblo es un organismo dependiente del Parlamento, pero no está sujeta a mandato imperativo; es decir, fija sus objetivos de manera autónoma y actúa sin la menor subordinación. Según la Constitución, le corresponde defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad; y supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía. Dicho a la manera de Javier Valle Riestra, es el paladín del pueblo y está encargado de vigilar al Poder Ejecutivo y de evitar los desmanes en que éste pudiera incurrir.

Para cumplir con los objetivos señalados, el titular de esta institución tiene inmunidad parlamentaria e iniciativa en la formación de las leyes. Lamentablemente, ninguno de los defensores del pueblo que hemos tenido ha estado a la altura de su responsabilidad. Jorge Santisteban lo hizo de regular para abajo y terminó abandonando el cargo por una aventura presidencial. La misma calificación debemos darle a Beatriz Merino, que más se preocupaba de salir en la televisión que de los derechos de la gente.

La Defensoría del Pueblo ha sido muy efectiva en llevar las estadísticas de los conflictos sociales y en encargar costosos "estudios" sobre problemas obvios que han servido de muy poco. Según el artículo 162 de nuestra Constitución, el Defensor del Pueblo presenta informe al Congreso una vez por año; pero la verdad, es que nunca ha existido un debate concienzudo sobre los vacíos de esta institución. Yo no recuerdo haber visto a ningún defensor del pueblo preocupándose en serio por la vida y la salud de los peruanos, por la deprimente justicia peruana, por la permanente extorsión policial a los automovilistas, por el nepotismo partidario que empequeñece a las instituciones, por este Estado lento y corrupto que tenemos, por esa educación de calidad que el SUTEP le roba a los hijos del pueblo. Los burócratas que allí pululan creen que todo se trata de escribir papelitos. ¡No! se trata de "cuadrar" al poder, de denunciar a los corruptos, de enfrentarse a la ineptitud, de movilizar la conciencia nacional. ¿Existe un líder en el Perú capaz de implementar este programa? Yo no lo veo. Y si esta institución va a seguir siendo lo que es, ¿vale la pena seguir derrochando recursos en este elefante blanco? Que los congresistas respondan.