En pleno proceso de elecciones generales, vale la pena destacar una práctica cívica impulsada por la República de Costa Rica: la participación política estudiantil, un eje vertebral del sistema educativo que involucra a más de un millón de estudiantes de primaria y secundaria. Bajo un enfoque de derechos humanos, el Reglamento para la Organización y Funcionamiento del Gobierno Estudiantil promueve procesos representativos. El reglamento establece tres órganos colegiados —la Directiva de Sección, la Asamblea de Representantes y el Comité Ejecutivo—, todos elegidos mediante voto secreto, libre y directo. El Tribunal Electoral Estudiantil, a su vez, se encarga exclusivamente de organizar, dirigir y fiscalizar el proceso electoral.

Se trata de una iniciativa que busca formar líderes con espíritu crítico, promover la toma de decisiones informada y practicar los valores democráticos como parte de la vida cotidiana en una sociedad libre. El Departamento de Participación de la Dirección de Vida Estudiantil del Ministerio de Educación, en conjunto con el Tribunal Supremo de Elecciones del país, lideran como política pública la capacitación y seguimiento del proceso, fomentando su impacto en los centros educativos. Es una práctica que deberíamos aplicar en el Perú. El fortalecimiento de la institucionalidad democrática comienza desde las aulas. Por eso, la tarea de formar jóvenes respetuosos, tolerantes y comprometidos con el bien común es más que un ideal: es una estrategia de país.