Esta semana vimos como la institucionalidad se ha defendido de los intentos de dos grupos violentistas que intentaron utilizar a la democracia para volverse legales, tener participación política y verse protegidos por el sistema que ellos mismos quisieron horadar.

Que el Poder Judicial declare la ilegalidad del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef) y de la Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O.) es un primer paso y ahora la pelota está en manos del Congreso.

Así como no se puede tener grupos políticos que defiendan pensamientos asesinos y que van en contra de los derechos humanos, tampoco puede haber candidatos que hayan sido sentenciados por crímenes contra los derechos humanos, corrupción, violación y más. En un mundo ideal, ningún sentenciado debería poder ser una autoridad electa.

En el Legislativo hay un proyecto de ley con este tenor, pero la mayoría de los actuales parlamentarios no quiere aprobarlo porque tienen en sus filas a personas con sentencias o que están a punto de serlo, es decir, legislan para ellos.

La democracia no puede ser tonta ni servir para lavarle la cara a aquellos que se salieron de sus límites y ahora pretenden usarla para conseguir poder o mantenerlo.