Cada vez que se habla del futuro del transporte en Lima, la conversación termina en el mismo lugar: nuevas líneas de metro, teleféricos o grandes obras de infraestructura. Todas ellas son necesarias. Pero hay una pregunta que casi nunca nos hacemos: ¿quién moverá a los millones de pasajeros mientras esas obras se construyen?

La respuesta es evidente: los buses.

Sin embargo, seguimos diseñando políticas públicas como si el transporte urbano fuera únicamente un problema de ingeniería o de regulación. Antes que eso, es un modelo de negocio. Y cuando se desconoce cómo funciona ese negocio, la regulación termina imponiendo obligaciones sin crear las condiciones económicas para cumplirlas.

Hoy, el transporte autorizado y el informal continúa movilizando una parte significativa de los viajes diarios de Lima y Callao. Esa realidad no desaparecerá con una nueva línea de metro.

Por ello, la prioridad no debería ser renovar flotas o incorporar tecnología. Debe ser fortalecer el factor empresarial. Empresas con escala suficiente para acceder a financiamiento, invertir en buses modernos, profesionalizar su gestión, implementar sistemas de recaudo electrónico y operar con estándares de calidad medibles.

No son sistemas que compiten, sino que se complementan. Sin operadores sólidos, ninguna integración física o tarifaria será sostenible.

Quizá el desafío que tiene el nuevo gobierno para la política pública sea dejar de mirar únicamente la infraestructura y empezar a comprender la economía del transporte. Un corredor de buses no es solo una ruta: es una empresa que administra activos, asume riesgos, financia inversiones y presta un servicio público esencial. En ese rol, el Estado debe cumplir un rol habilitador y claramente, de supervisión.

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