Estamos en una situación en que la única certeza parece ser la incertidumbre. Nos encontramos intentando salvar al país desde la frustración de nuestro sillón, pero existe una realidad económica que no podemos ignorar.

Las empresas (grandes, pequeñas, las de todo tipo –incluso las que estamos acostumbrados a vilificar–) sostienen la economía del país. Y si no queremos hundirnos en otro tipo de crisis, ellas también tienen que sobrevivir.

Tenemos que pensar en la economía. Si se rompe la cadena de pagos, las empresas ya no pueden pagar sueldos, impuestos, o deudas, y tendrán que despedir personal. Lo que lleva a menos gente consumiendo, y así. (Y sí, te afectaría a ti también).

Efectivamente, hay costos que una porción de la población no está en la capacidad de asumir hoy. Pero si todos dejamos de pagar el agua, la luz, el teléfono, o nuestros créditos, las empresas que proveen estos servicios no podrán funcionar por tanto tiempo. ¿Qué hacer, entonces?

Primero: es importante que cada empresa filtre entre sus consumidores para solo dejar de cobrar a quienes realmente no pueden asumir los costos.

Segundo: lo que dejen de cobrar, además de los intereses, tendrían que ser asumidos por el Estado. Como bien dijo el presidente, “no vamos a escatimar esfuerzos”.

En ese sentido, la ministra de Economía dijo ayer que “la reactivación financiera no va a ser posible si el sistema financiero ha colapsado”, y que en cuanto a la reprogramación de deudas, anunció una revisión personalizada donde se trabajará con cada deudor la reprogramación –porque no cada deudor y no cada entidad financiera tiene la misma situación económica–. Este definitivamente es un paso en la dirección correcta, pero aún hace falta claridad.

Al fin y al cabo, cuando todo esto pase, necesitaremos un sistema al cuál regresar, y debemos evitar su desplome en estos meses. Protejamos a quienes no pueden pagar servicios. Y quienes sí los podemos pagar, hagámoslo en aras de seguir creciendo y que no se incremente la pobreza.