Durante años hemos repetido con cierto orgullo que el Perú es un país donde la economía avanza “a pesar de la política”. La frase se pronuncia casi como una virtud nacional: resilientes, emprendedores, capaces de salir adelante sin depender de un buen gobierno.

Pero ¿qué significa realmente que la economía avance sin que lo público tenga que ver? Significa ciudades que crecen sin planificación, barrios que se expanden sin servicios básicos, transporte caótico y suelos ocupados sin criterio territorial. Significa gasto público fragmentado, proyectos inconexos y ausencia de una visión productiva que articule infraestructura, educación y empleo. Significa, también, el predominio de economías informales e incluso ilegales que prosperan allí donde el Estado no regula, no supervisa o simplemente no llega.

Cuando se presume que el crecimiento ocurre al margen de la política, en realidad se está normalizando la debilidad institucional. Se acepta como inevitable la falta de reglas claras, de predictibilidad jurídica y de continuidad en las políticas públicas.

¿Puede un país crecer bien sin institucionalidad sólida ni visión de largo plazo? El crecimiento reducido al que muchas veces se alude —cifras positivas en medio del ruido— es un crecimiento frágil. Es un avance desordenado, de “tierra de nadie”, donde las oportunidades no se distribuyen de manera equitativa y donde cada crisis política erosiona la confianza y la inversión.

Antes de volver a decir con orgullo que la economía avanza a pesar de lo político, preguntémonos si no estaremos celebrando, en realidad, nuestra incapacidad de construir un Estado que acompañe, ordene y potencie ese crecimiento. Sin buenapolítica, no hay desarrollo sostenible.