Insólito que una acción de amparo dispuesta por el Poder Judicial a pedido del sindicato de trabajadores de la Defensoría del Pueblo, pretenda atar de manos al Congreso para que cumpla con su rol constitucional de elegir al titular de dicha dependencia pública que está acéfala desde la salida de Walter Gutiérrez por cumplimiento de su mandato.

Ayer se ha instalado un nuevo grupo de trabajo para elegir al sucesor de Gutiérrez, tal como lo manda la Carta Magna, y es de esperarse que esta vez sí sea posible tener al nuevo defensor, más allá de los recursos que pueda presentar un grupo de trabajadores ante el Poder Judicial, alegando “falta de transparencia”.

Bajo esa lógica, quizá mañana un juez impide a un presidente de la República nombrar ministros o firmar el ascenso de un militar o policía, o al propio Poder Legislativo votar por una ley o cumplir con determinado rol que expresamente le atribuya la Constitución.

El defensor del Pueblo tiene que ser nombrado de acuerdo a los procedimientos parlamentarios y según la correlación de fuerzas que manda en el Parlamento, por más que a algunos nos les guste, como tampoco les gusta la actual conformación del Tribunal Constitucional, por lo que hubo varios intentos por torpedear la elección de sus actuales miembros.