La reciente elección de magistrados al Tribunal Constitucional trae nuevamente la discusión sobre el órgano comisionado para su nombramiento. Las propuestas de una comisión seleccionadora fuera del Congreso ―como la Junta Nacional de Justicia― hasta la reciente propuesta de elección de sus miembros por voto universal, son materia de discusión e iniciativas de reforma constitucional. Sobre el particular, si bien nada impide idear nuevos mecanismos para la selección y nombramiento de los magistrados, recordemos que los clásicos de la separación de poderes (Locke, Montesquieu) reconocen al legislativo como la más importante asamblea representativa que tiene una comunidad política. Nos guste o no, se trata de la fotografía o imagen de composición de nuestra comunidad política, a pesar de sus deficiencias operativas, ausencia de partidos organizados y la fragmentación del pleno en más de siete bancadas que complican los consensos. Por eso, consideramos que cualquier otra institución pública que se designe para la noble misión de nombrar a los últimos defensores nacionales de nuestras garantías constitucionales, se verá politizada en proporción a la importante tarea encomendada.
Las propuestas para substraer del Congreso el nombramiento a los magistrados del Tribunal Constitucional, para asignarla a una entidad colegiada distinta o especializada, correrá el riesgo de su captura y control sin el pluralismo que demanda los debidos consensos para la selección del Colegiado encargado de defender la constitucionalidad, así como el último garante nacional de los derechos fundamentales; por eso, pensar en soluciones alternativas sólo acentuará los problemas, pues, si lo clásico es el nombramiento de altos funcionarios a cargo de la representación nacional, que se renueva periódicamente gracias a la alternancia democrática, despojarla de dicha atribución para depositarla en otra conducirá al riesgo de su captura por los grupos de presión y con carácter permanente.