Es prematuro aún para cantar victoria sobre un cambio de perspectiva en el Ministerio Público pero no hay duda que son destacables las recientes decisiones de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza. Las salidas de Marita Barreto y Rafael Vela Barba, impensadas hasta hace poco, podrían constituir un punto de viraje y el inicio de la inflexión de una curva de permanentes desatinos en el órgano persecutor del delito. La perspectiva, valga la redundancia, tiene que tener como objetivo despolitizar esa institución y hacerla ajena al grosero manejo político al que fue sometido en los últimos tiempos. El poder que ejerció allí el periodista Gustavo Gorriti, con una oficina incluida para una de sus subalternas, Romina Mella, en la propia sede del Equipo Especial Lava Jato (como lo dijo Jaime Villanueva), debe haber sido el punto más bajo de sometimiento de una instancia del sistema de justicia a una influencia externa y con claros objetivos subalternos. Eso es algo que no se puede volver a repetir y sus responsables, internos y externos, deben ser investigados y sancionados. Así como en algún momento, según Yeni Vilcatoma, el entonces ministro de Justicia, Daniel Figallo, señaló que Odebrecht tenía poder para poner y sacar presidentes, en el MP Gorriti hacía lo mismo con los fiscales de la Nación. Lo que Espinoza debe entender es que no se trata de izquierdas o derechas, sino de investigar, sin odios ni ensañamientos, aplicando el estricto criterio de la legalidad, a todos, tirios y troyanos, con independencia, rigor y justicia. Eso es, precisamente, lo que no ha pasado en los últimos 10 años con un Ministerio Público convertido en un bastión dedicado al sicariato político y que hoy empieza a pagar las consecuencias de su ineptitud y de sus graves errores. Devolverle la institucionalidad a la Fiscalía es una tarea enorme pero Espinoza parece haber empezado bien.