Las elecciones del 12 de abril debieron ser una jornada de ejercicio democrático, una oportunidad para que los peruanos y peruanas expresaran su voluntad en las urnas. Sin embargo, lo que debía ser un acto de ciudadanía terminó empañado por una serie de irregularidades logísticas que cubren con un manto de desconfianza y deslegitimidad las recientes elecciones.

Resulta inquietante que los problemas provengan de la institución cuya única responsabilidad es garantizar el correcto desarrollo de los procesos electorales: la Oficina Nacional de Procesos Electorales. La ONPE existe precisamente para organizar elecciones transparentes, eficientes y confiables.

Uno de los hechos más llamativos ha sido el mal funcionamiento de un nuevo sistema STAE que, según se anunció, permitiría hacer más eficiente el proceso electoral. En la práctica ocurrió lo contrario. Ante la incapacidad del sistema para operar adecuadamente, se recurrió a trasladar archivos en memorias USB para poder continuar con el proceso. En pleno siglo XXI, cuando la digitalización y la inteligencia artificial avanzan a pasos acelerados en el mundo, resulta difícil comprender que una institución electoral dependa de soluciones improvisadas para resolver problemas técnicos básicos.

A ello se suma otro aspecto que no puede ser minimizado: la custodia de las ánforas. Las elecciones requieren no solo rapidez en el procesamiento de la información, sino también garantías absolutas sobre la integridad del voto.

Lo que nuestra democracia menos necesitaba es esto. Tamaño problema el que nos deja la ONPE, en un contexto en el que el pais parece ser conducido por la confluencia de los causes de múltiples acciones y actores. Resulta increíble, pues, que ni asegurar elecciones podamos.