En el “año de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia”, candidatos y electores debemos tener presente que estamos obligados a proteger los intereses nacionales, así como respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la Nación, entendiendo que ella es la piedra angular para que el Perú se desarrolle –en orden– proyectando una auspiciosa imagen internacional que promueva mayor inversión privada.

Por esta razón, es imprescindible que las autoridades que iniciarán un nuevo ciclo gubernamental, demuestren su vocación democrática realizando acciones efectivas para que la Constitución y la ley prevalezcan, evitando que existan interpretaciones antojadizas u oposiciones a su cumplimiento. El principal precepto para robustecer a la democracia implica contar con seguridad jurídica; que las reglas se cumplan, que no haya funcionarios que emitan resoluciones fuera de su ámbito de competencia, que no existan jueces que abusen del control difuso o, peor, que no les dé la gana de acatar la ley; y, por supuesto, que nuestros representantes ante el Congreso, defiendan el orden constitucional.

Nuestra Constitución dispone que la ley es obligatoria, que solo se deroga por otra ley, y que queda sin efecto por sentencia que declara su inconstitucionalidad; tampoco ampara el abuso del poder. Esas son las condiciones establecidas para el funcionamiento de nuestra sociedad que favorecen al desarrollo nacional.

Entonces, es inadmisible que alguien en el Poder Judicial se resista a cumplir la Ley 32107, que precisa la aplicación y los alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana, cuando –además– fue ratificada su constitucionalidad; o que en el Poder Legislativo se quiera censurar a su presidente por exigir el cumplimiento de dicha ley. Por eso, en abril, elijamos bien.