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En un acto inusual para un presidente que viene armando su popularidad en base a medidas populares, Martín Vizcarra hizo declaraciones poco populares sobre un tema que, como es lógico, resulta sensible. Como era de esperarse, las palabras del Mandatario en CADE -advirtiendo sobre la necesidad de una reforma laboral debido a los altos costos laborales no salariales- han generado polémica.

Lo cierto es que, popular o no, lo dicho por Vizcarra está respaldado por la evidencia. Basta con revisar el ranking de competitividad del Foro Económico Mundial, donde el Perú se encuentra entre los 8 países con más rigidez para contratar y despedir.

La pregunta es: ¿se traduce esta rigidez en mayor protección para los trabajadores? La experiencia, lamentablemente, dice que no. ¿En qué se traduce, entonces? Para empezar, en una dificultad casi absoluta de superar el inmenso 70% de informalidad que existe en el país.

Gran parte de esta rigidez proviene de la famosa sentencia del Tribunal Constitucional del 2001 que, en la práctica, hace materialmente imposible despedir a un trabajador si este no está de acuerdo. Según un estudio de Grade, esta decisión ha significado la reducción de cerca de un millón de empleos indefinidos y la pérdida de más de S/6 mil millones anuales de ingresos para los trabajadores. ¿Quién gana, entonces, con la rigidez? Según la evidencia, los trabajadores no.

Ahora, es cierto también que Vizcarra ha demostrado ser sumamente reactivo ante la opinión pública, sin importar que algunas de sus medidas puedan ser perjudiciales para el país (la no reelección de congresistas es un ejemplo). Por eso, no habría de sorprender que, ante una oleada de críticas, termine por retractarse. Ya se verá.