Nuestro país tiene una débil institucionalidad y baja credibilidad en materia de políticas públicas. A partir de los 90s, los gobiernos implementaron programas de reformas de gran alcance basado en la privatización de empresas públicas y desplazamiento del Estado para recuperar así la credibilidad de los inversionistas privados. Si bien gracias a estas reformas se ha ganado cierta credibilidad, en muchas de ellas se ha sacrificado atribuciones propias del Estado y la necesidad de intervención para corregir fallas de mercado o con fines redistributivos. En ese contexto, se observa como otros actores como el Congreso de la República, con poder emanado de su propia representación, intervienen en la economía. La política previsional es un buen ejemplo para ver las políticas en acción.

Durante casi 25 años, la idea que ha prevalecido detrás de la formulación de políticas ha sido que la capitalización individual o el Sistema Privado de Pensiones (SPP) es superior al beneficio definido dado por el Sistema Nacional de Pensiones (SNP) para todos los trabajadores incluyendo los de bajos ingresos y baja productividad. No obstante, esta idea cambió en el 2015 cuando el Congreso aprobó que se libere el 95.5% de los fondos de las AFP a los 65 años. Esto marca un hito para la política previsional. Hasta ese entonces, la formulación de políticas había surgido generalmente de un Ejecutivo fuerte. Sin embargo, con esta Ley, el Congreso empezó a hacer política previsional y han empezado a surgir propuestas cuestionando la superioridad del SPP y las promesas hechas.

Hace unos meses, en medio de la crisis sanitaria, el Ejecutivo dispuso la liberación de fondos de S/. 2,000 (DU 038-2020). El Congreso por su parte aprobó una liberación mayor de 25% del fondo mediante Ley 31017, la cual no fue observada por el Ejecutivo. En los últimos días se observa una propuesta para liberar el 100% de los fondos. Estas medidas, además de ser inconstitucionales, evidencian a dos actores, Ejecutivo y Congreso, haciendo política previsional de baja calidad y de corto plazo. El primero debilitado, pero con capacidad técnica y el segundo, con voluntad de atender demandas ciudadanas, pero sin equipo técnico. Necesitan complementarse. Actualmente existe en el Congreso una comisión multipartidaria encargada de hacer una reforma integral en dos meses. Se necesita entonces actuar rápido, haciendo un análisis técnico robusto para luego entrar a una etapa de negociación y acuerdo entre los partidos. Aprovechemos esta oportunidad para reformar el sistema con más legitimidad social y política que la reforma de los 90s.