Los 3.685 fallecidos que dejaron los terremotos que sacudieron Venezuela hace unas semanas convierten esta tragedia en uno de los desastres naturales más devastadores de América Latina en lo que va del siglo. Sin embargo, no toda la destrucción fue obra de la naturaleza. Una parte importante tuvo origen en las decisiones del poder. La Guaira, la región más golpeada, ya había sufrido en 1999 uno de los peores lahares de la historia reciente del continente. Las intensas lluvias provocaron enormes deslizamientos que sepultaron viviendas y dejaron centenares de muertos. Aquella tragedia debió convertirse en una advertencia permanente sobre los riesgos de construir en la zona. Ocurrió lo contrario. Durante el gobierno de Hugo Chávez, los terrenos liberados por el desastre fueron incorporados a los programas de vivienda social. La expansión urbana avanzó sobre un territorio de alta vulnerabilidad y, según múltiples denuncias, estuvo acompañada por corrupción, deficiente supervisión técnica y materiales de baja calidad. Cuando la tierra volvió a moverse, muchas de esas edificaciones no resistieron.

Tan inquietante como el colapso de los edificios fue la respuesta del régimen. Las restricciones impuestas durante las primeras horas al ingreso de equipos internacionales de rescate retrasaron labores decisivas para encontrar sobrevivientes. Posteriormente, el hallazgo de caletas con grandes cantidades de dinero entre los escombros alimentó las sospechas sobre las verdaderas prioridades de las autoridades. Diversas versiones atribuyen esos fondos a redes de corrupción vinculadas al chavismo, aunque tales señalamientos aún requieren plena corroboración.