Ya existe fecha y hora para la lectura de la sentencia contra el expresidente Martín Vizcarra por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, obras de su gestión como gobernador regional. La Fiscalía ha solicitado 15 años de prisión por el presunto delito de cohecho pasivo propio y todo indica que el próximo 26 de noviembre se conocerá un fallo condenatorio. El proceso entra a su fase decisiva mientras el país observa, una vez más, cómo se ventilan las deudas pendientes de quienes ocuparon los más altos cargos del Estado.

Las sombras de la corrupción siguen persiguiendo a Vizcarra, un personaje cuya narrativa de transparencia se fue desmoronando con cada revelación. Encarna, además, la degradación de la política peruana. Resulta incomprensible cómo, pese a las acusaciones, ha logrado impulsar un partido que participará en las próximas elecciones, como si la rendición de cuentas fuera un trámite menor. Mientras tanto, él sigue proyectando una imagen de integridad y firmeza, una postura que contrasta con los cuestionamientos que enfrenta.

El expresidente ha dicho que estará presente en la audiencia y que acatará la decisión del Poder Judicial. Ojalá cumpla su palabra y no intente escaparse por la puerta de atrás, como ya ha ocurrido con otros investigados ilustres. El país merece claridad, justicia y un mensaje inequívoco: quien traiciona la confianza pública debe responder por ello, sin privilegios ni discursos que pretendan maquillar lo evidente.