En el presente año, los peruanos venimos soportando el bloqueo de carreteras en diferentes zonas del país. Meses atrás sucedió entre Cusco y Abancay por la protesta por la salida del mineral que produce Las Bambas; y en los últimos días vemos una situación similar en el Valle de Tambo (Arequipa) y en Moquegua en reclamo por Quellaveco.

Por eso, sería bueno preguntar cuántas personas que han cometido estos actos, que según nuestras leyes son un delito, están en manos de la justicia para que respondan. En los tres casos mencionados, todos los peruanos hemos sido testigos de la forma en que se ha interrumpido el libre tránsito con palos, piedras y hasta “barreras humanas”, como se vio en Las Bambas.

Por más que la izquierda acá promueva que la gente puede protestar como le dé la gana, incluso violando los derechos de los demás, lo que corresponde en todo país serio y donde impere el Estado de Derecho es procesar a esta gente y sancionarla de acuerdo con lo establecido. Si no es así, mejor habría que preguntarnos para qué existen las leyes, los fiscales y los jueces.

Hoy la tecnología y las cámaras de video permiten fácilmente identificar a los revoltosos. Si no se procesa a esta gente, es por falta de voluntad para hacer cumplir la ley, y eso no está bien. Todos los autores de delitos deben ser sancionados. Acá no se trata de que el Estado criminalice la protesta. Se trata de respeto a la legalidad.