La minería y la pesca formales son dos actividades económicas claves para el desarrollo sostenible y descentralizado del Perú. En conjunto, generan empleo para cerca de dos millones de personas, invierten en las regiones, pagan impuestos, entre otros aspectos.

Pero la minería y la pesca no solo tienen eso en común. En los últimos años, las economías ilegales han ganado espacio y son el principal enemigo del país: destruyen el medio ambiente, sostienen otras actividades ilícitas, evaden impuestos, generan violencia y socavan el Estado de derecho para mantener el status quo. Son trampas de pobreza, violencia y corrupción. En la Amazonía, la minería ilegal devasta bosques, ríos y comunidades enteras; en el mar, la pesca con explosivos y artes prohibidas acaba con las especies y todo lo que está a su alrededor, poniendo en riesgo a miles de pescadores artesanales que dependen de estos recursos para subsistir.

El Perú tiene un potencial inmenso: recursos naturales, fuerza emprendedora y biodiversidad única. Sin embargo, las economías ilegales tienen al país en jaque, y en gran medida sostienen la inseguridad y violencia que azota nuestro país. Hoy bloquean carreteras afectando las actividades económicas y al turismo; el abastecimiento de alimentos y combustible; afectando el libre tránsito y los derechos de todos los peruanos que queremos vivir en un país mejor.

Vivimos un momento clave para el Perú. Se requiere una lucha frontal y firme contra las actividades ilegales dejando de lado intereses particulares o políticos. No podemos callarnos, hacerlo es volvernos cómplices y dejar que la ilegalidad siga ganando espacios. Juntos: ciudadanos, sector público y privado debemos alzar la voz y evitar que estas mafias arrebaten los sueños y el futuro próspero de 33 millones de peruanos.