El cambio de plan de Gobierno de Juntos por el Perú no solo revela improvisación sino también el maquillaje de las verdaderas intenciones del candidato presidencial Roberto Sánchez.

Uno de los principales deberes de cualquier candidato presidencial es ofrecer claridad y coherencia a los ciudadanos. Cuando un plan de gobierno cambia radicalmente en aspectos fundamentales durante una campaña electoral, las dudas son inevitables. El reciente viraje programático de Juntos por el Perú ha abierto precisamente ese debate: ¿se trata de una rectificación responsable o de una estrategia para suavizar propuestas que generan preocupación en amplios sectores del electorado y así ganar votos?

En una primera versión, el plan de gobierno planteaba una visión estatista, con énfasis en modificar el capítulo económico de la Constitución de 1993 y un mayor protagonismo del Estado. Sin embargo, en la nueva propuesta aparecen compromisos con la estabilidad macroeconómica, el respeto a la autonomía del Banco Central de Reserva y la continuidad de principios que antes eran cuestionados. El contraste es evidente y plantea interrogantes legítimas sobre cuál de las dos posiciones representa realmente la visión de gobierno de Roberto Sánchez.

El Perú enfrenta enormes desafíos en materia de crecimiento, seguridad, infraestructura y reducción de la pobreza. En ese contexto, la población demanda propuestas viables y liderazgo responsable, no señales contradictorias que generen incertidumbre.