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La incautación por parte del Ministerio Público de cinco inmuebles vinculados a la familia del exmandatario Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia parece devolver a la realidad a la antes llamada “pareja presidencial”, pues el exgobernante, desde que logró salir de prisión la semana pasada, no ha hecho más que victimizarse y tratar de aparentar ante los peruanos que ya fue absuelto y que su carcelería y la de su esposa fueron una injusticia.

Lo cierto es que, pese a sus discursos, declaraciones y entrevistas, el expresidente y su esposa siguen siendo investigados por el presunto delito de lavado de activos, el cual, según lo visto hasta al momento, ha sido muy bien sustentado por los fiscales, que se han basado en declaraciones de quienes entregaron el dinero a la pareja para la campaña del 2011, además de las anotaciones en las agendas y el holgado nivel de vida que han mostrado en los últimos años.

Si Humala trató de hacer creer que ya todo había quedado atrás y que su salida de la cárcel era un acto de justicia, ahí tienen la incautación de ayer por parte del Ministerio Público, previa autorización del Poder Judicial, que es parte del proceso penal que siguen afrontando él y su esposa en libertad y ya no en prisión, como hasta la semana pasada, todo gracias a un ajustado fallo del Tribunal Constitucional.

El expresidente es un actor político y como tal es libre de hacer sus propias interpretaciones acerca de su situación jurídica, pero la verdad es que su caso es bastante complicado. Muestra de ello son las diligencias de ayer, que se basan en la presunción de los fiscales en el sentido de que dichas propiedades habrían sido adquiridas con dinero de la corrupción.