La independencia y la inamovilidad judicial son principios esenciales del Estado de Derecho. Su reconocimiento como garantías constitucionales surgió como fruto de un proceso histórico. Hasta el siglo XVIII, los jueces en Inglaterra podían ser destituidos a discreción del monarca, lo que comprometía su imparcialidad. El Act of Settlement de 1700 estableció que los jueces permanecerían en sus cargos mientras mantuvieran una buena conducta, evitando así su remoción arbitraria.

Este documento marcó un hito en la historia del constitucionalismo al consolidar la separación de poderes y sentar las bases de la inamovilidad judicial; además, dispuso que sus salarios no podrían reducirse por decisión del monarca, garantizando así una independencia económica que fortalecía su función jurisdiccional.

Los principios de independencia e inamovilidad trascendieron las fronteras británicas y sirvieron de modelo para otros sistemas políticos, como el de Estados Unidos y diversas democracias europeas. Sin embargo, ambos siguen enfrentando amenazas en distintos países, donde el poder político intenta influir en los tribunales o perpetúa el uso de jueces provisionales para debilitar su autonomía.

El legado del Act of Settlement de 1700 sigue vigente y debe ser difundido con la misma determinación con la que fue aprobado hace más de tres siglos, pues la solidez de un Estado constitucional de derecho depende de jueces que puedan administrar justicia sin presiones internas ni externas.