El secuestro, tortura y violación de una niña de solo tres años en Chiclayo vuelve a poner el foco en algo que ocurre diariamente en el país: los niños, niñas y adolescentes están en peligro y esto continuará mientras no se tomen acciones integrales para erradicar este tipo de situaciones que no son de ahora, sino de siempre.

El vil agresor ha admitido sus delitos y es casi seguro que tendrá la suerte de pasar el resto de su vida en prisión, pues en el Perú no existe la pena de muerte, que tampoco creemos que sea la solución a estos crímenes. Sin embargo, qué pasa con los niños que siguen expuestos. Tampoco creemos que el problema se acabe con la “castración química” promovida por el presidente Pedro Castillo.

En esta oportunidad, el Estado ha cumplido una función reactiva: la Policía Nacional arrestó al secuestrador y violador, el Poder Judicial ha dictado nueve meses de prisión preventiva mientras se inicia el proceso que podría mandar al sujeto a prisión perpetua, el sistema de salud pública ha atendido a la víctima y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables está haciendo su labor.

Sin embargo, es vital centrar los esfuerzos en acciones preventivas que impidan que este tipo de situaciones sigan ocurriendo. Sujetos con antecedentes de este tipo no pueden andar en libertad, ni las autoridades pueden ser indiferentes ante las denuncias que tienen ante sí.

La solución pasa, entre otros aspectos, por medidas concretas como no liberar a los denunciados por agresión sexual y no revictimizar a quienes sufrieron los ataques hasta el punto en que desistan de seguir con la denuncia.

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