El estado de emergencia en Lima prohíbe reuniones masivas, pero los mineros artesanales tienen corona. Estos no tuvieron inconvenientes en movilizarse para exigir la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), y el Gobierno, que suele montar escenografías de mano dura, esta vez optó por mirar hacia otro lado. También lo hizo para encarar el problema de fondo y trasladó la responsabilidad al Congreso.

La Comisión de Energía y Minas leyó ese gesto como un permiso tácito y actuó en consecuencia: aprobó la ampliación del REINFO hasta 2027. Con ello, no solo respaldó a un sector informal que desde hace años promete formalizarse sin resultados, sino que también abrió la puerta para que las prácticas ilegales sigan incrustándose en regiones donde la minería criminal ya ha dejado cicatrices.

Para muchos, extender la vigencia del REINFO es prolongar la influencia de mineros ilegales y organizaciones delictivas que devastan el ambiente y alimentan cadenas de violencia: sicariato, trata de personas, prostitución y corrupción. Mantener este registro como un paraguas para la informalidad significa renunciar, una vez más, a construir un sector ordenado y sostenible.

El Pleno del Congreso deberá tomar una decisión, pero el contexto electoral invita al pesimismo. Los votos —o asegurar financiamiento— pesan más que la responsabilidad de frenar el avance de las economías ilegales. Lo sensato sería discutir este tema con rigor y visión de Estado, pero todo indica que primarán los cálculos de campaña.