Ante el escándalo por el hallazgo de 20 mil dólares en el baño del despacho del secretario general de Palacio, Bruno Pacheco, el presidente Pedro Castillo dijo que “los problemas que se dan en el Gobierno los tenemos que corregir, yo vengo de los ronderos y me someto a sus usos y costumbres si hay algo que sancionar”. Es decir, ningunea el Estado de derecho y la institucionalidad para abrazar la informalidad. Si sus funcionarios o él son responsables de un delito, ¿la sanción se dará  a partir de los chicotazos y no de una sentencia judicial? ¿Para qué existen la Fiscalía y el Poder Judicial? Lo expresado por el jefe de Estado da mucho que pensar.

Debe quedar claro que en este caso y otros que afectan la credibilidad del Ejecutivo, solo la sistemática y concienzuda investigación fiscal develará lo único importante que hay por saber: si hay delito o no. Si lo hubiera, los órganos judiciales definirán a los responsables y las penas respectivas.

El Perú no puede seguir vacilando entre lo formal y la improvisación. Esto solo generará más desconfianza de los mercados económicos e inestabilidad social. Como dicen algunos analistas: “Hay evidencias claras que en países donde existe un mayor grado de confianza en las instituciones  y en la integridad de sus gestores, las posibilidades de éxito crecen exponencialmente”. El presidente Castillo no puede seguir diciendo cosas que no parecen razonables ya que generan desconcierto. Las leyes en el Perú son solo unas.