El pronunciamiento del Episcopado peruano que se opone a la ley que otorga amnistía a los miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los Comités de Autodefensa, contiene una serie de imprecisiones. El documento se sustenta en falacias conceptuales como la noción de un “conflicto armado interno”, que forma parte de la retórica progre-caviar. Asimismo, en el comunicado mencionan que la Ley de Amnistía fomenta la impunidad por delitos de lesa humanidad y que es contraria a la Constitución, afirmaciones que resultan incorrectas.

La activa participación política de los representantes de la Iglesia, liderada por el cardenal Carlos Castillo, con una clara tendencia marxista, se hace evidente. Han instado a los jueces a no aplicar dicha norma en los procesos contra miembros de las fuerzas del orden. Los líderes religiosos actúan directamente como actores políticos. En consecuencia, si deciden intervenir de esta forma en la vida nacional, deberían hacerlo abiertamente como políticos, y no escudándose en su posición eclesiástica.

El abuso del derecho para mantener a miles de militares y policías en procesos judiciales sin una sentencia firme constituye una crueldad irrazonable. Más que justicia, parece un escarmiento y un ejemplo para quienes en el futuro se atrevan a enfrentar al terrorismo.

En esencia, si los curas, religiosos y pastores desean representar posturas políticas, deben hacerlo desde el ámbito civil y no desde su posición privilegiada en la Iglesia. El discurso hipócrita sobre los derechos humanos encubre una dialéctica que busca la división entre peruanos, lo que distorsiona la historia y la verdad.