La denuncia del procurador anticorrupción Javier Pacheco contra la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, es el corolario de una realidad que ha afectado por varios años a la judicatura y la demostración que en esta han primado intereses, corruptelas y negociados, y que toda esta descomposición ha sido administrada con dosis de oscuridad y blindaje.

Un punto central son “Los Cuellos Blancos del Puerto”, una mafia que existió, se esparció y corrompió el sistema que era regentado desde el exConsejo Nacional de la Magistratura (CNM). La organización criminal cayó ante la evidencia mostrada por groseras escuchas telefónicas pero es a partir de entonces que sus secuelas fueron manejadas políticamente.

Cuando los Walter Ríos, César Hinostroza o Víctor Rodríguez Monteza eran los implicados, el peso de la ley se impuso, como debía ser, con separaciones, destituciones o prisiones preventivas. ¿Pero que pasó cuando entre los implicados estaba Zoraida Ávalos? ¿O cuando el que pedía un favor para su hermana era César San Martín? ¿O cuando el que filtraba una información para alimentar el cargamontón político era un José Domingo Pérez? ¿O cuando el que recibía el encargo era una ONG llamada IDL? ¿Por qué no fue igual de diligente y severa la Junta Nacional de Justicia (JNJ)?  Allí, en esos casos, ¿por qué no se investigó y sancionó? ¿Es legal, transparente y ético que la justicia se maneje así? ¿Que la consejera María Zavala sea sindicada como comadre de Ávalos?

Hoy más que nunca está claro que la estructura del sistema judicial está corroída por el barniz contaminado de la política. Lo peligroso es que la JNJ no ha dado hasta ahora muestras de independencia, sigilo y rigor. Parece un instrumento más del sector caviar que se ha jactado de tumbar un monstruo solo para encumbrar al suyo y ponerlo a la cabeza de su imperio. Es hora que la JNJ muestre que no es cómplice ni una ficha más de este miserable juego.

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