Opinión

La justicia no es odio

​El último jueves, la mayoría fujimorista aprobó una ley que bajo el manto de la “ejecución humanitaria de la sentencia” favorece la impunidad a condenados por graves delitos.

14 de Octubre del 2018 - 10:40 Alberto de Belaunde

El último jueves, la mayoría fujimorista aprobó una ley que bajo el manto de la “ejecución humanitaria de la sentencia” favorece la impunidad a condenados por graves delitos. La norma aprobada a las 48 horas de haber sido presentada fue exonerada de analizarse debidamente en comisiones. La consigna era que sea ley, cueste lo que cueste. Por ello, su aprobación fue escandalosa por el fondo y por la forma.

Este régimen permite que mujeres desde los 65 años y varones desde los 68, en determinadas circunstancias, puedan cumplir sus condenas en sus casas o incluso desplazarse libremente dentro de la provincia donde se ubica el domicilio. Solo bastaría avisar al Inpe y contar con un garante.

Su inconstitucionalidad es evidente por muchas razones. La principal es que tiene nombre propio, pues favorece a Alberto Fujimori incumpliendo la restricción constitucional sobre “leyes especiales”. Además, su ámbito de aplicación no tiene base objetiva ni razonable. Sus beneficios son arbitrarios y carecen de opiniones técnicas favorables de las entidades con competencia en la materia. Sería una amnistía encubierta. A ello se suma que la Comisión Interamericana señala que esta norma no considera la proporcionalidad que debe existir entre la aplicación de beneficios y los derechos de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos. Otro punto central es que se le quita al Poder Judicial la facultad de aprobar beneficios penitenciarios a los condenados y convierte al Inpe en una mera mesa de partes.

La reconciliación no puede partir de la impunidad. La norma debe ser observada dando un mensaje claro que tenga presente a las víctimas y a la memoria del país. 

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