Opinión

La justicia penal internacional

Columna: MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ MACKAY

01 de Diciembre del 2017 - 07:00 Miguel Ángel Rodriguez Mackay

Nos quedamos atónitos cuando la televisión internacional mostró las imágenes del instante en que el militar bosniocroata Slobodan Praljak se puso de pie y, luego de exclamar que era inocente y que no se consideraba un criminal de guerra ante la Corte para el caso de la Antigua ex Yugoslavia en La Haya, bebió veneno y se desplomó. A los pocos minutos de ser trasladado de emergencia al hospital, murió. La guerra en la región de los Balcanes, también impactada por el final de Guerra Fría y el desmembramiento de la ex Unión Soviética, hasta su alargue, fue de 1991 hasta el 2000, constituyendo una de las más sangrientas de las últimas décadas donde diversas etnias se enfrentaron violentamente. En los años que duró murieron decenas de miles de personas y, por la naturaleza del conflicto y sus consecuencias, fueron determinadas imputaciones de delitos de lesa humanidad. Para evitar precisamente que hombres como el entonces presidente de la ex Yugoslavia, Slobodan Milosevic, se vieran librados de la justicia y en consecuencia, quedara en la completa impunidad su responsabilidad, fue creada la referida Corte que emergió como una instancia jurídica supranacional ad hoc. Note usted, apreciado lector, que a diferencia del derecho interno o sistema de administración de justicia de los Estados donde existe un solo poder judicial, en el sistema internacional se pueden identificar varios mecanismos jurisdiccionales. De allí que, además de la Corte para el caso que comentamos, podemos contar, en general, a la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia, la Corte de Arbitraje Internacional, etc. Muchas de las cortes como las mencionadas se encuentran ubicadas y sesionan en la ciudad de La Haya, en Países Bajos; sin embargo, también las hay en otros continentes, como es el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José, en Costa Rica, cuya jurisdicción y competencia comprende a todos aquellos países del continente que de manera voluntaria han aceptado su relación vinculante. El delito se persigue y castiga dentro o fuera del Estado.

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