El Gobierno del Perú está siendo dirigido por una organización criminal. Las cabezas de esta mafia son Vladimir Cerrón y Pedro Castillo. Este último ha servido para sorprender al electorado con un rostro nuevo y ocultar la verdadera esencia de la agrupación.

Perú Libre desarrolló una modalidad bien elaborada para lavar su dinero. No lo hizo a través de negocios de fachada como es usual, sino que aprovechó los vacíos en la ley electoral para formar un partido político que le sirviera para comprar propiedades, financiar campañas electorales y utilizar militantes como testaferros.

Desde que el partido del lápiz llegó al Gobierno, el Ministerio Público les ha puesto la puntería a los principales cabecillas de esta organización criminal, aunque todavía no ha tocado a los que están en el Poder Ejecutivo o Legislativo. Todo se ha centrado en Vladimir Cerrón y sus dirigentes quienes han salido libres gracias al mismo dinero que le han robado al Estado y con el que han pagado sus reparaciones civiles.

A diferencia de otras organizaciones políticas, la vida partidaria de Perú Libre es una fachada. Las escuelas políticas o congresos son simples cultos a la personalidad de Cerrón. Lo que realmente buscan es seguir lavando el dinero a través del financiamiento a candidatos en las próximas elecciones regionales y municipales de 2022. Del mismo modo, con la recolección de firmas para su Asamblea Constituyente y la compra de locales partidarios en otras regiones del Perú para descentralizar su proyecto político. Por eso hay que recordarle a la oposición que con delincuentes no se puede hablar de “gobernabilidad”, a ellos hay que combatirlos.