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El expresidente Alejandro Toledo ha sido visto en un restaurante de Palo Alto, California, disfrutando de su libertad gracias a la incompetencia de un Ministerio Público que por años no fue capaz de solicitar medidas que impidan que este personaje, que jamás debió personificar a la Nación, salga del país pese a su evidente desbalance patrimonial, que se traducía en su injustificada bonanza inmobiliaria, la cual fue puesta en evidencia desde inicios del 2013.

Si Toledo está cenando, bebiendo y lanzando groserías en un restaurante, o comprando licor días antes del Mundial en un centro comercial de Estados Unidos, en lugar de estar en el “penal presidencial” de la Diroes, es gracias a la mala acción de un Ministerio Público que no hizo bien su trabajo para impedir la salida del Perú, a inicios del 2017, de dicho personaje, que abandonó el país por el aeropuerto Jorge Chávez.

A esos que ahora se indignan por la libertad de Toledo, pero que al mismo tiempo extrañan la gestión del exfiscal de la Nación Pablo Sánchez, habría que recordarles que desde el 2013 abundaban las evidencias como para al menos solicitar el impedimento de salida del expresidente, al que se acusa de recibir una coima de 20 millones de dólares de la corruptora Odebrecht para que esta gane la buena pro de un tramo de la Interoceánica Sur.

La libertad de Toledo y los papelones que cada cierto tiempo protagoniza nos llenan de vergüenza a los peruanos y son un monumento a la ineficiencia del sistema judicial que tenemos, especialmente del Ministerio Público, que se la pasó investigando por tantos años para que al final el investigado agarrara sus maletas y su pasaporte para tomar un avión a Estados Unidos, de donde habrá que ver si es posible traerlo a fin de que responda por la millonaria coima.

Desde el 2013 estaba claro que Toledo mentía sobre el origen del dinero con el que a nombre de su suegra compró dos propiedades millonarias en Lima y pagó las hipotecas de sus casas de Camacho y Punta Sal. Luego vinieron las confesiones de Josef Maiman y la embarrada de Jorge Barata, pero nadie hizo nada. Habría que preguntarnos si en este caso hubo ineficiencia y negligencia en el trabajo o actos de corrupción en el Ministerio Público.