En momentos que la lucha contra la corrupción es crucial y la población exige mano dura contra aquellos que han defraudado al Estado, el presidente de la República, Martín Vizcarra, reiteró que este 2019 será llamado el Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad. Más allá que esta frase encabece los documentos oficiales de las instituciones estatales, tiene que haber un claro propósito para combatir esta lacra. Para cumplir ello, por ejemplo, se debe incrementar recursos al Ministerio Público para afrontar las cargas procesales con más apoyo logístico y financiero.

El clamor popular exige que los casos de sobornos, lavado de activos y corrupción en las altas esferas del Gobierno y en la clase política se investiguen hasta las últimas consecuencias y que tengan sanciones ejemplares. Ya se sabe, la impunidad es un estímulo para seguir delinquiendo.

En ese sentido, es importante conocer con total claridad los hechos ocurridos en los últimos años sobre los pagos de Odebrecht a importantes personajes de la política nacional. Por ejemplo, el exdirectivo de la empresa brasileña, Jorge Barata, ya confirmó cómo se pagaba a expresidentes, exfuncionarios y exalcaldesa. En este Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad, el pueblo peruano necesita saber la verdad y que a partir de allí se construya un sistema de acuerdos para que los que gobiernan el país privilegien la transparencia y la honradez. Arreglando lo político se podrá enderezar el rumbo económico y social. De esta forma, esperemos que se solucionen los problemas del día a día de los peruanos.