La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, consideró que el proceso disciplinario seguido por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en su contra por no reponer a Patricia Benavides fue un proceso “arbitrario” e “irregular” y “una reacción desesperada por las investigaciones (...) contra ministros, contra congresistas, contra la propia presidenta”.

El 17/09/25, en otra entrevista, se dirigió “a toda la población y especialmente a la juventud que el fin de semana pasado ha salido a reclamar por el tema de la AFP”. La interrumpió una periodista y preguntó “¿está haciendo usted un llamado a una suerte de marcha?” A lo que respondió “me solidarizo con los jueces que están aplicando el control difuso, respecto de la Ley de amnistía” (…) “lamentablemente el defensor del Pueblo ahora actúa como lo hizo con la Ley de Extinción de Dominio (…) ahora esta yendo con la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de amnistía (…) es un riesgo”.

El 18/09/25 Espinoza presenta ante la Corte Suprema una solicitud para que el partido político Fuerza Popular sea declarado ilegal por “conducta antidemocrática”.

El 19/09/25 la fiscal declara que, si se “concreta” su suspensión, significará “un sometimiento del Ministerio Público a la JNJ”, estarían cometiendo “avocamiento indebido, abuso de autoridad y prevaricato”.

La “implacable” fiscal cuestiona a congresistas, ministros, partidos políticos, al TC, JNJ, defensor del pueblo y jueces que aplican la ley de amnistía. ¿Estará a la altura del cargo quien confronta y amenaza de esta forma a las instituciones democráticas del país y disimuladamente convoca a marchas?