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Ha tenido que ocurrir una seguidilla de lamentables casos de violación, incluyendo el cometido en Huaraz por un padre contra su hija de meses de nacida, para que los peruanos -y en especial nuestras autoridades- reaccionemos y nos demos cuenta de que las sanciones por estos horrendos delitos en muchos casos no superan los ocho años de encierro, lo cual es un absurdo por donde se mire.

Los expertos suelen afirmar que el incremento de penas no es disuasivo, ya que no impide que se sigan cometiendo delitos. Puede ser. Sin embargo, en el caso de las violaciones, mientras más prolongado sea el encierro de un indeseable, se está evitando por esa misma cantidad de años que esta persona vuelva a cometer un delito similar.

Si un violador va preso 25 años -y no apenas ocho-, estaremos impidiendo que por un cuarto de siglo otra persona vuelva a ser ultrajada sexualmente por este sujeto. Es por eso que para estos casos sí es importante incrementar las penas benignas que hoy contempla nuestro Código Penal, que, como bien ha dicho a Correo la premier Mercedes Aráoz, parece tener “rezagos machistas”.

El Congreso de mayoría fujimorista tiene ante sí la gran responsabilidad de legislar e incrementar las sanciones a los violadores, a fin de sacar de las calles por largo tiempo a estos agresores, que no merecen ni siquiera beneficios penitenciarios, tal como sucede con los terroristas.

No basta con escandalizarse ante casos lamentables. El Poder Legislativo tiene en sus manos cambiar esta situación, que debió ser corregida hace mucho tiempo.