En los últimos días se ha ido conociendo que la empresa del presidente Martín Vizcarra tuvo tratos comerciales con un consorcio integrado por la corruptora brasileña Odebrecht, algo que el Mandatario había negado públicamente. Luego se ha sabido que renunció a su compañía recién en marzo del 2018, apenas asumió el cargo que hoy ocupa, y no cuando fue ministro de Transportes y Comunicaciones desde julio del 2016.

En una coyuntura en que todos los expresidentes del Perú desde 2001 a la fecha están bajo cuestionamiento y problemas con la justicia por sus nexos con Odebrecht, y cuando el propio jefe de Estado ha sido muy crítico con el exfiscal de la Nación Pedro Chávarry por mentir acerca de una irrelevante reunión con periodistas, acá lo único que cabe es ser muy transparente y no dejar espacio para que las nubes de las dudas se acumulen sobre el Mandatario.

Dicho esto, el propio jefe de Estado debería explicar su relación con la cuestionada empresa brasileña. Es muy probable que sus nexos comerciales con el consorcio al que le alquiló maquinaria en la década pasada no tengan nada de delictivos, pero cuando se falta a la verdad o no se completa una respuesta, comienzan a surgir las dudas, y en las actuales circunstancias eso no le hace bien ni al Gobierno ni al país.

También sería muy positivo que explique su permanencia en su empresa pese a su cargo ministerial, cuando existe un artículo de la Constitución que lo prohíbe expresamente. El expresidente Pedro Pablo Kuczynski conoce muy bien las consecuencias que esto trae. Lamentablemente, los peruanos tenemos derecho a dudar, y el gobernante debe explicar todo.