En 1965, la histórica Ley 14700 cambió el destino de Junín al impulsar su desarrollo mediante inversión pública. Hoy, 60 años después, la materialización de la Nueva Carretera Central (NCC) está en manos del Congreso, exigiendo una acción unificada de todos los sectores políticos. La Macrorregión Centro ha esperado décadas por una inversión de este calibre, mientras el sur, el norte y Lima concentran el mayor financiamiento público.

Los predictámenes favorables de los Proyectos de Ley 14141 y 14089 se basan en fundamentos técnicos irrefutables: el impacto de esta megaobra es nacional y transformador. La NCC no solo unirá Lima con Junín, Pasco, Huancavelica, Ayacucho y Ucayali, sino que creará un corredor bioceánico con Brasil, potenciando el megapuerto de Chancay y aliviando la asfixiante congestión limeña con el túnel Pariachi.

Como respondía a los cuestionamientos Ramiro Prialé en 1965, el tema central es cuánto le costará al país NO hacer la NCC. Como obra pública mediante Gobierno a Gobierno (G2G) con Francia, la autopista costará S/ 31,900 millones; hacerla bajo una Asociación Público-Privada (APP) tradicional costaría S/ 50,000 millones más. Su construcción reducirá el tiempo de viaje de 7 a 2.5 horas y bajará los costos logísticos en 35%. No ejecutarla nos condenará a perder más de 300 vidas anuales en accidentes y 800 millones de dólares en pérdidas anuales.

A pesar de que el modelo de financiamiento propuesto garantiza la infraestructura como activo del Estado sin comprometer el déficit fiscal, enfrentamos la misma oposición del MEF que en 1965.

La historia nos observa hoy en el Congreso. ¿Estaremos a la altura de los líderes que lograron la Ley 14700 o esperaremos otros 60 años para nuestro desarrollo? Aprobar la NCC brindará a un Perú hoy polarizado entre Lima y provincias a la unidad y el balance geopolítico que exige el momento; no es solo un acto legislativo, es un acto de justicia histórica para nuestro país.