Luego de las nefastas consecuencias de la pandemia y de la guerra ruso-ucraniana, es criminal lo realizado por el gobierno comunista de Perú Libre, según lo señalado por el contralor Nelson Shack. Nuestro país ha perdido más de 25,000 millones de soles por corrupción e ineficiencia de autoridades durante el 2022. El citado funcionario además indicó que el 93% del presupuesto público lo ejecuta el Poder Ejecutivo.

En efecto, según se informó por el titular de la Contraloría: “de cada S/ 100 que se gasta en el país unos S/ 13 se pierde porque se lo roban, hay ineficiencia, despilfarro o incompetencia”. Siendo que la brecha de pobreza monetaria es aproximadamente de S/ 12,000 millones, de optimizarse el uso de los recursos públicos, e incluso disminuyendo la corrupción en un 50%, no existiría en nuestro país pobreza monetaria. Lamentablemente, en enero pasado se ha alcanzado una inflación de 10% aproximadamente. Ello significa incremento de precios, lo que genera menos poder adquisitivo es decir pobreza.

Las múltiples carpetas fiscales en las que se investiga al golpista Castillo, son reveladoras del muladar que encarno su gobierno. Va quedando claro que la narrativa de victimización por la supuesta explotación y discriminación generalizada de los denominados “sin voz”, que deviniera en un desorden social bien organizado, entre otras razones fue para ocultar el robo sistemático del gobierno comunista de Perú Libre.

Al margen de la indignación que generan las cifras de la corrupción, es evidente que atravesamos por una descomposición política y social, donde sectores reducidos defienden por la fuerza a un régimen que ha sido corrupto incluso antes de asumir el poder, usando dicho poder para dinamitar la democracia, generando las condiciones para normalizar contenidos como Asamblea Constituyente y Nueva Constitución, como si se tratase de temas sin trascendencia.

Corresponde a las fuerzas democráticas derrotar políticamente a los radicales comunistas y al Congreso aprobar leyes que empoderen a la Contraloría General de la República al darle facultades sancionadoras, a efectos que las acciones de control y sus recomendaciones sean implementadas bajo sanción.