LA OEA Y EL PRESIDENTE DE IURE (DE DERECHO

La OEA, que es un sujeto del derecho internacional -tiene vida propia con responsabilidad (derechos y deberes)-, que jamás podría penetrar en el derecho interno de un Estado por su calidad soberana, ha expresado que el Tribunal Constitucional del Perú debe decidir las diferencias políticas sobre interpretación constitucional. En buen romance, ha confirmado que no tiene, y jamás tendrá, competencia sobre nuestro derecho nacional, cuidando de nunca calificar a nuestro sistema político ni al régimen jurídico peruano. Sin embargo, además, al aplaudir la convocatoria de elecciones para el 26 de enero de 2020, no califica; solo emite un parecer, da un espaldarazo panamericano al Gobierno de Vizcarra. La OEA ni la ONU, etc., podrían hacerlo y mucho menos reconocer al Gobierno, porque ese es un atributo de los Estados. ¿Por qué no lo puede la OEA? Pues porque el reconocimiento corresponde a los sujetos soberanos que única y exclusivamente son los Estados, y la OEA no es un Estado ni tiene soberanía. Desde afuera, eso sí, se fijan que los países que la integran actúen pegados al derecho, a la Constitución del Estado, tal como se comprometieron al firmar la Carta de la organización. Saben que la disolución del Congreso -jamás hay que decir que ha sido cerrado porque sigue funcionando a través de la Comisión Permanente y esa es su diferencia sustantiva con el 5 de abril de 1992- ha sido de iure (de derecho). Saben que todos los actos que le sigan serán de facto (de hecho), sin validez y sin que produzcan efectos jurídicos, como la suspensión del presidente Vizcarra, la declaratoria de nulidad del decreto supremo de disolución del Congreso y la pálida juramentación de Mercedes Aráoz. Saben que la Constitución del Perú (legalidad) y el soberano que es el pueblo (legitimidad) otorgan al Mandatario capacidad jurídica para el ejercicio del cargo dentro y fuera del país y que su control efectivo -presupuesto nacional, uso de la fuerza, control de nuestras misiones diplomáticas y de los activos en el exterior- consolida, guste o no, el poder de iure del presidente Vizcarra. Punto.