Si la Constitución establece los pilares fundamentales que sostienen una comunidad política, como la vida, la libertad, la igualdad y la propiedad, garantizados por límites expresos al ejercicio del poder en una democracia, nos encontramos ante un conjunto de principios y reglas que condicionan el accionar de las ideologías más influyentes de la región. El pensamiento político más liberal debe moderarse ante una república democrática, social, independiente y soberana; asimismo, un régimen socialista debería ceñirse a los límites constitucionales que garantizan las libertades, la propiedad y la sucesión democrática.

Con base en el razonamiento anterior, resulta incomprensible la participación de candidaturas presidenciales cuyas ideologías proponen gobiernos que amenazan los derechos fundamentales o el régimen económico, y que pretenden convocar asambleas constituyentes para perpetuarse en el poder, mostrando posturas contrarias a la línea de base de los principios constitucionales. Frente a estos extremismos, la lealtad constitucional debe condicionar y moderar los planes de gobierno. En la actualidad, sin embargo, observamos la paradoja de un sistema político: un Estado Constitucional de Derecho que permite a sus detractores negar su legitimidad de origen mientras participan en sus procesos electorales. De este modo, al ganar la presidencia, juran por la Constitución anterior (julio de 2011) o por una nueva (julio de 2021) sin que nadie cuestione una juramentación írrita y sin efecto. Una esquizofrenia institucional que permite competir en democracia a quienes planean abolirla.