Cuando ingresé al Congreso de la República en el 2016, mi primera iniciativa de ley planteó la creación de una Oficina de Estudios Económicos dentro de este. Ello a partir de una propuesta de la Asociación Civil Transparencia, la cual identificó que, en la producción legislativa, el análisis costo beneficio era la pata más débil.

Así pues, la gran mayoría de proyectos propuestos no venían con un verdadero análisis económico de los costos y beneficios. En vez de eso, simplemente solían incluir la famosa y engañosa frase: “Este proyecto no irroga gasto alguno al Estado”.

Si antes eso ya era un problema, hoy es algo urgente en el actual contexto de emergencia. La calidad de la producción legislativa viene en caída a medida que pasan los periodos congresales y no podemos permitirnos seguir produciendo leyes con análisis incompletos.

Por eso, he presentado en este nuevo Congreso una versión mejorada de dicho proyecto de ley. De aprobarse, toda propuesta legislativa tendrá que pasar por un estudio que determine su costo-beneficio. Sus informes, pese a no ser vinculantes, sí serán públicos. De esta forma, los parlamentarios y la ciudadanía tendremos un elemento de juicio adicional para saber si una propuesta es adecuada y viable. Asimismo, se buscará evitar cualquier influencia política pues sus integrantes serán elegidos por concurso público, con el fin de resguardar su trabajo e independencia.

No se trata de crear burocracia, sino de ahorrarle dinero al Estado. Como congresistas, debemos permitirnos mejorar y establecer las herramientas necesarias para darle al país las leyes de mejor calidad posible. La situación amerita que ejerzamos nuestro rol con responsabilidad y eficiencia.