El Perú no se adscribe a la pena de muerte salvo por traición a la patria en caso de guerra exterior. Ello porque sostenemos que los delincuentes pueden rehabilitarse y reinsertarse en la sociedad. ¿Es esto cierto? Generalmente no. Los penales son centros de crimen y, salvo honrosas excepciones, la política penitenciaria no rehabilita; así, existe una contradicción entre la política pública carcelaria y su aplicación.

El Perú tiene tantas necesidades que rehabilitar internos no es prioridad. Las cárceles están sobrepobladas, los internos comen mal, su salud no es atendida y la venta de drogas y alcohol es común. ¿Quién le daría trabajo a un ex Castro Castro? ¿Con qué pagará su reparación civil si no ha trabajado?

Empero, tenemos derecho a indignarnos con el padre que viola a su hija de dos meses, y cualquiera pediría pena de muerte, pero para dársela hay que demostrar que no está enfermo; si no, es improcedente.

Cuando un país castiga matando, no hay vuelta atrás, y con una justicia como la nuestra no debemos atrevernos a matar sin pensar en el error judicial. En cualquier caso, las penas deben ser severísimas para violadores; para quienes le pegan a mujeres y niños; para los que abusan de sus familiares por el agravante que significa delinquir con alguien que debes proteger. Pero tampoco podemos olvidar que hay mucho delincuente enfermo y con atenuantes para su crimen.

Cada caso debe juzgarse individualmente y está probado que la muerte no evita los más horrendos crímenes. Es más, como dice Bullard, ¿qué haría que un violador con pena de muerte no mate a su víctima?

Pensemos bien cómo penalizar adecuadamente. Todo es parte del mismo rompecabezas, que debe empezar por que a los chicos se les enseñe a no abusar, y en muchas de nuestras casas el ejemplo lo dan adultos abusivos.