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Aunque no estemos en campaña electoral, el tema de la pena de muerte para violadores de niños ha vuelto a la palestra de la mano de algunos políticos. Esta vez ha sido el propio ministro de Justicia, Enrique Mendoza, quien ha soltado el globo de ensayo. Sin embargo, el debate de una pena más severa no puede salirse del cuadro de nuestra legislación.

Es propicio que los políticos escuchen el clamor de la población por erradicar la violencia sexual contra cualquier persona, en especial los niños. No obstante, el tema debería ser abordado dentro de los parámetros judiciales bajo los que todos los ciudadanos estamos sujetos. Fuera de esto, puede resultar politiquería para ganar rédito popular.

Antes de esta gestión gubernamental, los candidatos presidenciales se han cansado de prometer la pena de muerte para los violadores de niños; pero nunca se ha concretado el plan legal porque cuando llegan al Gobierno saben que no basta con escuchar los aplausos de la población, sino con cumplir los requisitos legales por los que se rige la Nación.

Como ha adelantado la ministra de la Mujer, Ana María Choquehuanca, hoy en la sesión del Consejo de Ministros podría entrar en el debate la postura de un sector de la clase política y de la sociedad civil por sacar adelante el retiro del Estado, por ejemplo, del Pacto de San José, que limita la ejecución de una persona.

Esperamos un alto grado de sensatez de quienes ejercen el poder en el Ejecutivo y en el Congreso de la República, para no crear falsas expectativas sobre una propuesta que en la actualidad es inviable, aunque muy popular por estos días. Cuidado con el aprovechamiento político.